Asesoría laboral en Zaragoza desde 1970

Las mismas que en cualquier otra parte de España, porque la legislación laboral es estatal. Una empresa con trabajadores en Zaragoza tiene que dar de alta a sus empleados en la Seguridad Social antes del inicio de la actividad, formalizar contrato por escrito en la mayoría de los casos, pagar las nóminas con sus correspondientes retenciones de IRPF y cotizaciones, presentar los boletines mensuales de cotización (RNT y RLC), formalizar las altas y bajas de incapacidad temporal, cumplir con las obligaciones de prevención de riesgos laborales (evaluación, formación, vigilancia de la salud), aplicar el convenio colectivo que le corresponda y respetar los plazos y procedimientos cuando haya extinciones, modificaciones sustanciales o sanciones. Toda empresa con personas asalariadas debe además llevar el registro retributivo desde 2021. Si la plantilla supera ciertos umbrales, se añaden obligaciones específicas como elecciones sindicales o plan de igualdad.

El despido objetivo se basa en una causa no imputable al trabajador (causas económicas, técnicas, organizativas o productivas, ineptitud sobrevenida o falta de adaptación a modificaciones técnicas del puesto) y conlleva el pago de una indemnización de 20 días de salario por año trabajado con un tope de 12 mensualidades, además de un preaviso de 15 días. El despido disciplinario se basa en un incumplimiento grave y culpable del trabajador (faltas reiteradas de asistencia, indisciplina, ofensas, transgresión de la buena fe) y, si se declara procedente, no genera derecho a indemnización ni preaviso. Sin embargo, si el juzgado declara el despido improcedente (lo cual ocurre cuando no se acredita debidamente la causa o no se cumplen las formalidades), la empresa debe pagar 33 días por año trabajado con tope de 24 mensualidades o readmitir al trabajador. Por eso, antes de proceder a un despido, conviene revisar bien la causa, las pruebas y el procedimiento. Una carta de despido mal redactada o una causa mal acreditada puede convertir una decisión legítima en una indemnización mucho mayor.

No firmes nada todavía. Una visita o un requerimiento de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social no se contesta a la ligera. La inspección puede pedir documentación (contratos, nóminas, partes de alta, evaluaciones de riesgos), citarte a comparecencia o levantar un acta in situ. Tienes derecho a estar asistido por tu asesor laboral durante todo el procedimiento y a presentar alegaciones antes de que se emita la propuesta de sanción. En Obón Turlán llevamos defensa frente a la Inspección de Trabajo desde hace décadas. Si te encuentras en esta situación, llámanos cuanto antes al 976 399 191, porque los plazos para alegar son cortos y cuanto antes empecemos, mejor podemos preparar la defensa.

Te asesoramos sobre tus obligaciones en materia de prevención y sobre las consecuencias legales de no cumplirlas. La responsable del área cuenta con la titulación de Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales, lo que nos permite revisar contigo qué exige la normativa a tu empresa según actividad y plantilla, ayudarte a elegir un Servicio de Prevención Ajeno (SPA) acreditado cuando lo necesites y supervisar que cumple con lo que la ley le exige. La gestión técnica de la prevención propiamente dicha (evaluación de riesgos, planes de prevención, vigilancia médica de la salud) la realiza por ley una entidad acreditada como SPA, no una asesoría laboral. Trabajamos en coordinación con la entidad que elijas para que tus obligaciones queden cubiertas sin solapamientos ni vacíos. Si quieres que revisemos qué obligaciones tiene tu empresa en materia de PRL según tu actividad y el tamaño de tu plantilla, llámanos al 976 399 191 o escríbenos a info@obonturlan.com. Sin compromiso.